José Luis Quiroz Campos*
“Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse,
el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse”
José Ortega y Gasset
El Consejo General órgano central del Instituto Federal Electoral (IFE) se encuentra integrado por 1 Consejero Presidente, 8 Consejeros Electorales, 6 Consejeros del poder legislativo y 8 Representantes de los partidos políticos (debidamente acreditados ante el organismo electoral) con sus respectivos suplentes y el secretario ejecutivo (artículos 72 punto 1 inciso a) y 74 punto 1, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autores varios, México, D.F. pp. 38-39), donde la toma de decisiones se da a partir de la discusión de los temas propuestos por los integrantes del consejo y se avala o se desecha por el voto de la mayoría de los consejeros electorales, quiénes tienen derecho a voto, a diferencia de los consejeros del poder legislativo, los representantes de los partidos y el secretario ejecutivo, que solo tienen derecho a voz.
De tal manera que ha sido desechada una propuesta que de manera formal fue realizada por el Dip. Horacio Duarte Olivares, represente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de ceder el 10% del gasto electoral del proceso electoral del año 2006, para destinarlo a la ciudadanía que sufrió los estragos de los huracanes Wilma y Stan.
Y el rechazo no proviene tanto por los consejeros electorales que con su voto aceptan o rechazan cualquier propuesta, ya que (los consejeros) argumentaron y con justa razón que el marco legal impide tal hecho, pero queda en evidencia la actitud nada loable que tendría que ser reprochada, a los demás partidos que dicen solidarizarse con la ciudadanía damnificada, pero rechazan algún punto de acuerdo para poder destinar una partida para ayudar a mexicanos en desgracia, al menos así se perciben, si las trabas legales lo impiden al menos deberían de buscar alguna alternativa y no desechar una propuesta humanitaria.
Esta situación nos plantea un tema recurrente a los altos costos financieros que a la fecha se originan a partir de lo que se gasta por elecciones y de la falta de información de cómo se da la distribución de los recursos económicos para dichos gastos.
De ahí que el presupuesto asignado al IFE, de alguna forma hace que el ciudadano común y corriente tome con tal desconfianza, como una ofensa o grosería el manejo de ese presupuesto, mas aun al no existe la claridad o información de cómo se asigna a las campañas electorales.
Cuando Andrés Manuel López Obrador precandidato presidencial del PRD, en su gira por el estado de Puebla y en especifico en Tepeaca, hacia la propuesta de apoyar a los damnificados del sureste a partir de la reasignación del gasto electoral y también daba a conocer las altas percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los titulares del IFE, la gente mostraba asombro e indignación por las altas percepciones, y se hacían preguntas el por que de los altos sueldos, queda evidente que la democratización del país no solo ha costado dinero sino también la perdida de la credibilidad.
Si bien es cierto que en otras épocas la falta de equidad en cuanto al acceso de los recurso era restringido por su uso discrecional, hoy ya no es igual. Debería proponerse que el financiamiento de organismos políticos partidistas tuviera una disminución gradual en el transcurso de los años que vienen y solo apoyar para determinadas actividades. Para ello se deben de vencer las inercias internas de los partidos y acceder a este tipo de cambios de manera paulatina.
Una situación que podría plantearse de manera concreta e inmediata seria el voto de castigo a los partidos o candidatos que mas gasten o malgasten los recursos asignados, y que esto se podría evaluar a través de un monitoreo que llevaran los medios de comunicación tal como lo ha hecho El Universal, y que se convierte en un punto de referencia para la implementación de una necesaria transparencia de la aplicación de recursos públicos y privados que se empleen en cualquier campaña electoral.
Y debería de quedar claro que mas por cuestiones de ética y moral, pero sobre todo para beneficio de la población afectada en este caso por los fenómenos naturales, los representantes de los partidos políticos no deberían de mostrarse tan renuentes a desechar propuestas de ayuda, en el caso que el marco legal lo impidiera, se deberían de buscar los caminos y dar alguna alternativa. No lo olviden, México entero los esta observando.
“Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse,
el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse”
José Ortega y Gasset
El Consejo General órgano central del Instituto Federal Electoral (IFE) se encuentra integrado por 1 Consejero Presidente, 8 Consejeros Electorales, 6 Consejeros del poder legislativo y 8 Representantes de los partidos políticos (debidamente acreditados ante el organismo electoral) con sus respectivos suplentes y el secretario ejecutivo (artículos 72 punto 1 inciso a) y 74 punto 1, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autores varios, México, D.F. pp. 38-39), donde la toma de decisiones se da a partir de la discusión de los temas propuestos por los integrantes del consejo y se avala o se desecha por el voto de la mayoría de los consejeros electorales, quiénes tienen derecho a voto, a diferencia de los consejeros del poder legislativo, los representantes de los partidos y el secretario ejecutivo, que solo tienen derecho a voz.
De tal manera que ha sido desechada una propuesta que de manera formal fue realizada por el Dip. Horacio Duarte Olivares, represente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de ceder el 10% del gasto electoral del proceso electoral del año 2006, para destinarlo a la ciudadanía que sufrió los estragos de los huracanes Wilma y Stan.
Y el rechazo no proviene tanto por los consejeros electorales que con su voto aceptan o rechazan cualquier propuesta, ya que (los consejeros) argumentaron y con justa razón que el marco legal impide tal hecho, pero queda en evidencia la actitud nada loable que tendría que ser reprochada, a los demás partidos que dicen solidarizarse con la ciudadanía damnificada, pero rechazan algún punto de acuerdo para poder destinar una partida para ayudar a mexicanos en desgracia, al menos así se perciben, si las trabas legales lo impiden al menos deberían de buscar alguna alternativa y no desechar una propuesta humanitaria.
Esta situación nos plantea un tema recurrente a los altos costos financieros que a la fecha se originan a partir de lo que se gasta por elecciones y de la falta de información de cómo se da la distribución de los recursos económicos para dichos gastos.
De ahí que el presupuesto asignado al IFE, de alguna forma hace que el ciudadano común y corriente tome con tal desconfianza, como una ofensa o grosería el manejo de ese presupuesto, mas aun al no existe la claridad o información de cómo se asigna a las campañas electorales.
Cuando Andrés Manuel López Obrador precandidato presidencial del PRD, en su gira por el estado de Puebla y en especifico en Tepeaca, hacia la propuesta de apoyar a los damnificados del sureste a partir de la reasignación del gasto electoral y también daba a conocer las altas percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los titulares del IFE, la gente mostraba asombro e indignación por las altas percepciones, y se hacían preguntas el por que de los altos sueldos, queda evidente que la democratización del país no solo ha costado dinero sino también la perdida de la credibilidad.
Si bien es cierto que en otras épocas la falta de equidad en cuanto al acceso de los recurso era restringido por su uso discrecional, hoy ya no es igual. Debería proponerse que el financiamiento de organismos políticos partidistas tuviera una disminución gradual en el transcurso de los años que vienen y solo apoyar para determinadas actividades. Para ello se deben de vencer las inercias internas de los partidos y acceder a este tipo de cambios de manera paulatina.
Una situación que podría plantearse de manera concreta e inmediata seria el voto de castigo a los partidos o candidatos que mas gasten o malgasten los recursos asignados, y que esto se podría evaluar a través de un monitoreo que llevaran los medios de comunicación tal como lo ha hecho El Universal, y que se convierte en un punto de referencia para la implementación de una necesaria transparencia de la aplicación de recursos públicos y privados que se empleen en cualquier campaña electoral.
Y debería de quedar claro que mas por cuestiones de ética y moral, pero sobre todo para beneficio de la población afectada en este caso por los fenómenos naturales, los representantes de los partidos políticos no deberían de mostrarse tan renuentes a desechar propuestas de ayuda, en el caso que el marco legal lo impidiera, se deberían de buscar los caminos y dar alguna alternativa. No lo olviden, México entero los esta observando.
*Consejero Estatal PRD-Puebla
