José Luis Quiroz Campos*
"Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era comunista.Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era judío.Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque yo no era sindicalista.Luego vinieron por los católicos
y no dije nada porque yo era protestante.Luego vinieron por mí pero, para entonces,
ya no quedaba nadie que dijera nada".
Martín Niemoller
Es preocupante el señalamiento que realiza el periodista Alejandro Mondragón en su columna Al portador presentada la semana pasada en donde extraigo los siguientes párrafos:
“Es común escuchar en voz de quienes ejercen el poder que están guadardas varias demandas contra periodistas que "si se portan mal" se reactivan.
"Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era comunista.Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era judío.Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque yo no era sindicalista.Luego vinieron por los católicos
y no dije nada porque yo era protestante.Luego vinieron por mí pero, para entonces,
ya no quedaba nadie que dijera nada".
Martín Niemoller
Es preocupante el señalamiento que realiza el periodista Alejandro Mondragón en su columna Al portador presentada la semana pasada en donde extraigo los siguientes párrafos:
“Es común escuchar en voz de quienes ejercen el poder que están guadardas varias demandas contra periodistas que "si se portan mal" se reactivan.
¿Nombres?: Fernando Alberto Crisanto, Mario Alberto Mejía, Arturo Luna, Valentín Varillas, Alejandro Mondragón, Rodolfo Ruiz Rodríguez, Enrique Núñez, Fermín Alejandro García, entre otros.
"En Puebla la difamación se paga con la cárcel", declaró a finales de año el secretario de Gobernación, Javier López Zavala.
El problema hoy es que se vive la judicialización del periodismo. La Procuraduría de Justicia del Estado asumió en los hechos el papel del "censor" de todo aquello que incomode a los poderosos.
Desde finales de año este reportero recibió marcaje personal de judiciales que en distintas momentos montaron guardia afuera de las oficinas de Status y Al Portador. A cualquier persona que entraba al edificio de Huamantla 55, colonia La Paz, le pedían informes sobre los hábitos de este reportero”. (LA JUDICIALIZACIÓN del periodismo en Puebla, Alejandro Mondragón, Status de Puebla, martes 03 de enero de 2006).
Llama a la reflexión lo escrito en la columna del periodista poblano, se torna preocupante sobre todo por que implica el ejercicio periodístico en un clima que se ha dado en estos días donde quienes escriben con conocimiento de causa, tienden a ser señalados por quienes detentan el poder en cualquiera de sus representaciones.
Para muestra el caso de la detención de la periodista y fundadora del Centro Integral de Atención a Mujeres en Cancún, . Lidia Camacho Ribero y posteriormente la privación de la libertad presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacan, Martín Barrios Hernández. Acciones judiciales que si bien cumplían con cierto ordenamiento legal, se evidencian en una total falta de ética en la aplicación de los procedimientos legales que se tienen que seguir para efecto de privar a una persona de su libertad, ya que estos no fueron notificados de tal hecho entre algunas de las anomalías del proceso.
Y que ante esta situación anómala han decidido denunciarlo ante organismos internacionales como: Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, y de la Organización Mundial contra la Tortura.
Evidentemente los responsables de tales acciones son el Poder Judicial del Estado, pero de manera directa pegan en la credibilidad del gobierno en turno.
De pronto los diarios nacionales como El Universal, La Jornada, El Financiero entre otros periódicos, han puesto al estado de Puebla en el centro de la atención a través de notas y artículos donde se cuestiona la falta de claridad en el rubro de la impartición de justicia, señalando sobre todo a los encargados de administrarla.
Si bien es cierto que a los ciudadanos que se les confiere el encargo de un puesto publico, este se tiene que entender con un carácter temporal y lo que se haga o deje de hacer, siempre mas tarde que temprano tendrá que ver la luz publica dado a conocer por los medios informativos.
Esperemos que los tiempos de antes no regresen, y que solo se lleven o desaparezcan a las personas que ejercen señalamientos o denuncias, marcaría una regresión en practicas ya superadas y seria una merma sensible en el sistema democrático que se encuentra en transición en este país.
Llama a la reflexión lo escrito en la columna del periodista poblano, se torna preocupante sobre todo por que implica el ejercicio periodístico en un clima que se ha dado en estos días donde quienes escriben con conocimiento de causa, tienden a ser señalados por quienes detentan el poder en cualquiera de sus representaciones.
Para muestra el caso de la detención de la periodista y fundadora del Centro Integral de Atención a Mujeres en Cancún, . Lidia Camacho Ribero y posteriormente la privación de la libertad presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacan, Martín Barrios Hernández. Acciones judiciales que si bien cumplían con cierto ordenamiento legal, se evidencian en una total falta de ética en la aplicación de los procedimientos legales que se tienen que seguir para efecto de privar a una persona de su libertad, ya que estos no fueron notificados de tal hecho entre algunas de las anomalías del proceso.
Y que ante esta situación anómala han decidido denunciarlo ante organismos internacionales como: Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas, y de la Organización Mundial contra la Tortura.
Evidentemente los responsables de tales acciones son el Poder Judicial del Estado, pero de manera directa pegan en la credibilidad del gobierno en turno.
De pronto los diarios nacionales como El Universal, La Jornada, El Financiero entre otros periódicos, han puesto al estado de Puebla en el centro de la atención a través de notas y artículos donde se cuestiona la falta de claridad en el rubro de la impartición de justicia, señalando sobre todo a los encargados de administrarla.
Si bien es cierto que a los ciudadanos que se les confiere el encargo de un puesto publico, este se tiene que entender con un carácter temporal y lo que se haga o deje de hacer, siempre mas tarde que temprano tendrá que ver la luz publica dado a conocer por los medios informativos.
Esperemos que los tiempos de antes no regresen, y que solo se lleven o desaparezcan a las personas que ejercen señalamientos o denuncias, marcaría una regresión en practicas ya superadas y seria una merma sensible en el sistema democrático que se encuentra en transición en este país.
*Consejero estatal PRD-Puebla
